Cada 21 de junio se conmemora el Día Internacional por una Educación No Sexista, una fecha impulsada por la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), de la cuál Argentina es miembro. Este día es para visibilizar las desigualdades de género que persisten en los sistemas educativos y para promover una enseñanza fundada en la igualdad, el respeto mutuo y la justicia social. No se trata de una efeméride más en el almanaque educativo: es una convocatoria colectiva para revisar los modos en que la educación puede tanto reproducir las opresiones como contribuir a desmantelarlas.
En Argentina, esta conmemoración adquiere una relevancia particular ya que nuestro país posee una larga tradición de ampliación de derechos y una defensa sostenida de la educación pública como bien común, pero también una historia atravesada por desigualdades de género que se expresan en las aulas, en los contenidos curriculares, en las relaciones pedagógicas y en las oportunidades que se ofrecen, o se niegan a niñas, adolescentes y mujeres.
Una herencia que aún pesa
Durante décadas, la educación en sus distintos niveles transmitió estereotipos que confinaban a las mujeres al cuidado y al ámbito doméstico, mientras reservaba a los varones los espacios de liderazgo, la autoridad del conocimiento científico y la participación política. Los libros de texto invisibilizaron sistemáticamente las contribuciones femeninas a la historia, la cultura y el pensamiento; las elecciones vocacionales estuvieron marcadas por mandatos de género que alejaron a las jóvenes de las ciencias exactas, la tecnología y la ingeniería; y las trayectorias educativas se vieron interrumpidas o distorsionadas por situaciones de discriminación, acoso y
violencia que rara vez eran nombradas y menos aún sancionadas.
Esta herencia no es únicamente simbólica. Tiene consecuencias materiales concretas: brechas salariales, techos de cristal en el mercado laboral, sobrecarga de tareas de cuidado no remunerado y una persistente subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. El ámbito educativo no inventa esas desigualdades, pero las ha legitimado durante generaciones.
Las conquistas del movimiento feminista
Sin embargo, Argentina ha sido también escenario de transformaciones profundas, impulsadas con tenacidad por el movimiento de mujeres y los feminismos en sus múltiples expresiones. La sanción de leyes como la de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y, de manera especial, la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) constituyeron hitos fundamentales para construir una educación más inclusiva, más democrática y más acorde con la complejidad de la vida social.
La ESI, aprobada en 2006, representa uno de los avances más significativos en esta materia. Su propuesta trasciende ampliamente la enseñanza de contenidos biológicos o la mera prevención de enfermedades: promueve el respeto por la diversidad, la igualdad entre mujeres y varones, el reconocimiento de las identidades disidentes, el cuidado del propio cuerpo como ejercicio de autonomía y la construcción de vínculos libres de violencia. A casi dos décadas de su sanción, la ESI sigue siendo una herramienta indispensable para garantizar derechos y para formar ciudadanas y ciudadanos capaces de habitar una sociedad plural con responsabilidad y empatía. Defenderla y profundizarla es, hoy más que nunca, una tarea urgente.
Los desafíos del presente
No obstante, los desafíos persisten y, en algunos casos, se han agudizado. Las mujeres y las personas de géneros no hegemónicos continúan subrepresentadas en carreras vinculadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, el llamado campo STEM, no por falta de capacidad, sino por la acumulación de barreras culturales, institucionales y económicas que operan desde edades tempranas. Las tareas de cuidado siguen recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, afectando sus trayectorias tanto educativas como laborales. Y las violencias de género, en sus formas presenciales y digitales, continúan siendo una realidad que interrumpe vidas y silencia voces.
A estos desafíos estructurales se suman interrogantes nuevos, propios del siglo XXI. ¿Cómo garantizar que las tecnologías digitales y los sistemas de inteligencia artificial no repliquen, o no amplifiquen, los sesgos y las discriminaciones que ya existen en nuestras sociedades? ¿Cómo formar estudiantes capaces de reconocer las desigualdades que operan en los entornos virtuales y de participar de manera crítica y activa en la sociedad del conocimiento? ¿Cómo construir espacios educativos donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, sin que su género determine sus posibilidades, sus límites o sus sueños?
Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero la educación con perspectiva de género es una condición necesaria para comenzar a elaborarlas.
El papel central de las universidades
Las universidades tienen una responsabilidad especial en este proceso, no solo porque forman a los profesionales que incidirán en el futuro del país y producen el conocimiento que orienta las políticas públicas, sino porque son espacios privilegiados para pensar los problemas de la sociedad en toda su complejidad y para contribuir activamente a su transformación.
La creación de áreas de género, observatorios de violencia, protocolos institucionales contra el acoso y la discriminación, y programas de formación con perspectiva de género constituyen expresiones concretas de ese compromiso. Pero el desafío va más allá de las estructuras formales: implica que la perspectiva de género atraviese los planes de estudio, las metodologías de investigación, las prácticas de evaluación y las formas en que se organiza la vida institucional. Una universidad no sexista no es únicamente aquella que cuenta con un ámbito específico de género; es aquella que asume, en cada una de sus dimensiones, que la igualdad es un valor constitutivo del quehacer académico.
Educar para la igualdad: un principio democrático irrenunciable
Una educación no sexista no aspira a uniformar ni a negar las diferencias que existen entre las personas. Aspira, precisamente, a que esas diferencias no se conviertan en jerarquías, en exclusiones ni en violencias. Implica revisar las prácticas cotidianas del aula, cuestionar los prejuicios naturalizados, promover el uso de lenguajes que incluyan y nombren a quienes históricamente fueron invisibilizadas y reconocer la diversidad de experiencias, trayectorias e identidades que conviven en nuestros espacios educativos.
El 21 de junio nos recuerda que la educación es, en su sentido más profundo, una herramienta de emancipación. Nos recuerda también que la igualdad no se alcanza únicamente mediante leyes, aunque estas sean fundamentales, sino a través de prácticas pedagógicas cotidianas que amplíen libertades, reconozcan derechos y pongan en valor la experiencia y el saber de quienes durante siglos fueron excluidos/as de los círculos del conocimiento.
En tiempos de profundas transformaciones sociales, tecnológicas y culturales, en tiempos en que los derechos conquistados deben ser defendidos con renovada energía, sostener el ideal de una educación no sexista significa reafirmar un principio democrático esencial: que ninguna niña, ninguna adolescente, ninguna persona vea limitadas sus oportunidades, sus sueños o su proyecto de vida por razones de género.
Educar para la igualdad no es una tarea del pasado ni una bandera de un sector particular de la sociedad. Es uno de los grandes desafíos del presente y una condición indispensable para construir una Argentina más justa, más inclusiva y más solidaria con todas las personas que la habitan.